Por Manuel Burga
Terminó la dramática espera: Susana Villarán es la nueva alcaldesa de Lima y la sorpresa, para enojo del gobierno y preocupación del alcalde saliente, se ha consumado. Este proceso electoral nos ha dejado la inquietante experiencia de una ONPE y un JNE lentos, casi inoperantes, y cuatro JEE de Lima más que sospechosos. El fraude electoral, que la prensa y los ciudadanos movilizados nunca se cansaron de prevenir, ha quedado final y afortunadamente bien derrotado.
La voluntad electoral se ha respetado y esta lección sanciona a los que no hacen lo mismo con la democracia. La ocasión me parece oportuna para recordar que los sanmarquinos que observaron el proceso electoral interno del 25 de mayo pasado, para elegir representantes docentes a la Asamblea Universitaria, han tenido la desagradable experiencia de vivir un fraude. Esa noche, al cierre de las mesas de sufragio, se declaró ganadora a la lista de oposición. Unas horas más tarde, en la madrugada del 26, el Comité Electoral de San Marcos, en un acto de flagrante manipulación, anuló el voto de los profesores principales de Medicina y con esta maniobra la lista oficialista se convirtió en ganadora.
La lista ganadora reclamó ante el mismo Comité Electoral, copado por representantes oficialistas, que respondió que el acta anulada tenía errores materiales irremediables, los que curiosamente no fueron detectados al cierre de la mesa electoral correspondiente. Acudieron inútilmente a la ONPE, también a la ANR, institución que se declaró incompetente para intervenir en este caso. Iniciaron en el Poder Judicial, un mes después, dos expedientes, uno contencioso administrativo y otro penal, los que en tiempo récord fueron desestimados: el fraude había sido consumado.
Que en las elecciones municipales haya prevalecido la voluntad de los electores, que el fantasma del fraude haya sido derrotado finalmente, nos deja un hálito de esperanza. La impotencia ante el fraude y la impunidad de los corruptos producen desasosiego, escepticismo y desmovilización en los afectados. Tenemos la sensación, en los últimos meses, que ese mismo fantasma asedia a muchas universidades públicas, y a algunas en particular, como la UNPRG de Lambayeque y la UNFV de Lima.
La elección municipal acaba de darnos una lección: la democracia necesita prensa libre y opinión pública movilizada. ¿Pero cómo hacer finalmente en las universidades públicas, donde ambas no existen? ¿O cómo simplemente defender la verdad? El tema está de nuevo en manos del Congreso, tanto a nivel nacional, como de la universidad peruana. En este segundo caso, hace dos días, la Comisión de Educación, en un acto que seguramente incomoda de nuevo al gobierno, aprobó por unanimidad, insistir en la “Ley que democratiza la elección de las autoridades de la Universidad Pública Peruana”.
Esta vez se trata solamente de la pública, no de la privada y los 13 artículos de esta norma proponen la elección de autoridades a través del voto universal, aplicando el factor ponderado tradicional y dejando de lado el sistema de representación delegada. También proponen un cambio en la naturaleza y tamaño de los órganos de gobierno, lo que es urgente y saludable para poner fin al caos y la anarquía que corroe a la universidad pública.
Nadie puede asegurar que el voto universal sea mucho mejor que la representación delegada, ni al revés. Pero se tiene que atender una emergencia, como la vivida en los últimos 26 días en Lima, de denuncias, intranquilidades y sospechas. La insistencia ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación y ahora pasa al pleno para su ratificación, la que podría discutirse el día de hoy, jueves. El Congreso de la República está ante una nueva oportunidad de promover la mejora de la educación universitaria pública peruana.
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