por Thomas Keenan y Eyal Weizman
El asalto de comandos militares israelíes a la flotilla de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y la muerte de nueve pasajeros provocaron una fuerte condena internacional. Lejos de ser un simple error, este ataque confirma el giro radical tomado por las autoridades israelíes respecto del derecho humanitario internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Aún deben esclarecerse numerosos detalles de la manera en la que un comando de la marina israelí se apoderó del Mavi Mármara, el buque insignia de la flotilla de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, la madrugada del 31 de mayo de 2010. Cualesquiera sean los resultados de la investigación, este ataque israelí muestra dos nuevos desarrollos en el conflicto, a la vez paralelos y ligados: la creciente politización de la asistencia humanitaria y la mayor desconfianza de las autoridades israelíes respecto de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
Salvo raras excepciones, los ataques directos y programados contra agentes humanitarios o militantes de los derechos humanos (incluso aquellos que no respetaron el principio de neutralidad) fueron sobre todo obra de milicias rebeldes, bandas de criminales y Estados policiales. Entre ellos, los talibanes, el ejército de la República Serbia de Bosnia, los insurgentes iraquíes y los responsables de las “guerras sucias” en América Latina. Con el asalto mortífero contra el barco turco, el gobierno israelí ¿decidió acaso seguir las huellas de estos últimos?
Para responder a esta pregunta, es necesario retroceder en el tiempo. Este ataque en el Mediterráneo –seguido, el 5 de junio, por la inspección no violenta del buque humanitario MV Rachel Corrie– es el sangriento apogeo de un proceso a lo largo del cual el gobierno israelí y organizaciones privadas sumisas comenzaron a considerar a las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos –así como al derecho humanitario internacional– como “enemigos” o amenazas para la existencia misma del Estado judío.
Antes de la partida de la flotilla, el viceministro de Relaciones Exteriores israelí Danny Ayalon declaraba: “No existe crisis humanitaria en Gaza”; la flotilla no tenía pues una misión de asistencia sino que era “una provocación tendiente a deslegitimar a Israel”. El servicio de prensa gubernamental envió incluso por correo electrónico a periodistas el menú de un restaurante de Gaza, para mostrarles que allí se alimentaban bien. Después del asalto, los dichos de Ayalon sobre “la armada de odio y violencia en favor de la organización terrorista Hamas” simplemente confirmaban esta percepción oficial (1).
La campaña comenzó en el verano boreal de 2009, tras la publicación de informes provenientes de organizaciones de defensa de los derechos humanos que criticaban la conducta del ejército durante la operación Plomo Fundido en Gaza, de diciembre de 2008–enero de 2009 (2). El primer ministro Benjamin Netanyahu –cuya reputación de halcón se había reafirmado en su anterior mandato (1996-1999)– y su flamante gobierno reaccionaron muy duramente a estas conclusiones y cuestionaron seriamente a sus autores y su lógica.
“Vamos a dedicar tiempo y hombres para combatir a estos grupos; no nos vamos a quedar aquí sin hacer nada y dejar que estos grupos de defensa de los derechos humanos disparen contra nosotros con total impunidad”, declaraba Ron Dermer, uno de los responsables del gabinete de Netanyahu, a Jerusalem Post. “Cada ONG que participa en esto echa leña al fuego y sirve a la causa de Hamas –agregaba–. Es exactamente lo que quiere Hamas” (3).
En agosto de 2009, durante una reunión con colonos, Moshe Yaalon, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ministro de Asuntos Estratégicos, calificaba de “virus” a los activistas del sin embargo muy moderado movimiento Paz Ahora: “Nos enfrentamos de nuevo al problema del virus Paz Ahora –los elitistas, si se quiere– que causó muchos daños” (4).
Aunque condenada por el primer ministro, esta declaración, después de las expresiones militantes de Dermer, marcó el tono de la campaña que se desarrolla desde entonces. Ésta se intensificó luego de la publicación, en septiembre de 2009, del informe sobre la guerra en la Franja de Gaza presentado por la comisión designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y presidida por el juez sudafricano Richard Goldstone. Dicho informe acusaba a Israel (y a Hamas) de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, de “actos asimilables a crímenes de guerra y, quizás, en determinadas circunstancias, a crímenes contra la humanidad”.
El gobierno israelí habría podido ignorar este informe o denunciarlo atribuyéndolo a los sospechosos “antiisraelíes” de siempre. Pero tomó las acusaciones muy en serio, haciendo caso omiso de las recomendaciones de la comisión. Decidió “combatir” el informe y el fenómeno calificado en su totalidad de “goldstonismo” o de “efecto Goldstone”, que encarnaba, según él, una tendencia internacional a deslegitimar a Israel y negar su derecho a existir (5).
En noviembre de 2009, durante una conferencia en el Saban Forum, uno de los institutos estratégicos más importantes del país, Netanyahu en persona identificó “tres desafíos para la seguridad de Israel” (6). El primero, un “Irán nuclear” que amenaza con “borrar a Israel del mapa”. El segundo, los ataques de cohetes y misiles de las organizaciones islamistas como Hamas o Hezbollah. Y ¿cuál era la tercera amenaza, después de estos importantes aunque tradicionales adversarios? “El tercer desafío para la paz es el intento de negar a Israel su derecho a la autodefensa. Tal es el objetivo del informe Goldstone de la ONU sobre Gaza”.
Para el primer ministro, el problema no se limitaba al juez Goldstone o a organizaciones humanitarias, e Israel no era el único país en la mira: “Estén seguros de que este informe de la ONU –continuaba– no es un problema exclusivo de Israel. Amenaza con atar de manos a todos los Estados que luchan contra el terrorismo”. Así, el problema iba mucho más allá de la simple violación al derecho humanitario internacional (las leyes de la guerra), motivada por razones ideológicas o políticas. Radicaba en la propia definición de estas leyes que, según sostenía, acordaban una protección injustificada a “terroristas infiltrados en zonas civiles que lanzan deliberadamente ataques contra inocentes”, socavando la posición moral y jurídica de los Estados que los combaten.
Netanyahu exigía una reforma radical del derecho humanitario internacional para hacer frente a esta “amenaza”. “Paradójicamente –afirmó– es posible que una respuesta firme de dirigentes y eminentes juristas internacionales a este informe moralmente desviado acelere la revisión de las leyes de la guerra en la era del terrorismo”.
Una cosa es criticar las Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario internacional; otra es violarlas o ignorarlas: los actores estatales y no estatales lo hacen permanentemente. Pero sigue siendo muy distinto ver en estas mismas leyes y en sus defensores una amenaza a la existencia de un Estado, y de querer combatirlas sistemáticamente. Esta interpretación explica por qué documentos jurídicos como el informe Goldstone –que tiene la facultad de limitar la capacidad de Israel para actuar de “manera desproporcionada”– pueden percibirse como una amenaza existencial.
A la luz de estos elementos, el ataque contra el Mavi Mármara ilustra lo que el gobierno israelí entiende por el fin de la “impunidad” para las ONG y otros militantes internacionales, acusados de representar una amenaza estratégica, al igual que las armas nucleares iraníes o los misiles y cohetes capaces de alcanzar el territorio israelí.
En enero de 2010, el think tank israelí Reut Institute expresó su preocupación por la “guerra de deslegitimación” lanzada contra Israel. Su director Gidi Grinstein declaraba en las columnas del diario Haaretz: “Nuestro personal político y militar se ve amenazado por procedimientos judiciales y de detención cada vez que viaja al extranjero; las campañas de boicot contra nuestros productos se multiplican y nuestra propia existencia está cuestionada en instituciones académicas y círculos intelectuales. El país está cada vez más aislado. Hasta hoy, Israel no ha sabido reconocer en este proceso la amenaza estratégica, potencialmente existencial, que representan para el país” (7).
Este “reconocimiento” ya ha sido adquirido. El gobierno israelí y un grupo de organizaciones amigas lanzaron un proyecto en varias etapas de “contra-deslegitimación”. Retomando las palabras de uno de sus miembros, se trata de “poner fin a la práctica de algunas ONG ‘supuestamente humanitarias’ tendiente a explotar la etiqueta de ‘los valores universales de los derechos humanos’ para promover reivindicaciones hostiles a Israel, motivadas por razones políticas e ideológicas” (8). Paralelamente, grupos israelíes lanzaron campañas contra el New Israel Fund, una organización con sede en Estados Unidos que financia a militantes israelíes de la sociedad civil (y ONG) acusados de socavar los cimientos del Estado contribuyendo a investigaciones para la comisión Goldstone (9).
Este clima condujo a dos medidas. En febrero de 2010, el Parlamento aprobó en primera lectura, por aplastante mayoría, una ley que priva a los grupos apoyados por gobiernos extranjeros (es el caso de la mayoría de las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos) del derecho a beneficiarse de exenciones impositivas. Por otra parte, en abril de 2010 se presentó un proyecto de ley tendiente a cerrar ONG implicadas en los procedimientos judiciales intentados contra altos funcionarios u oficiales en el exterior.
Por su parte, el ejército comenzó a enfrentar a los militantes internacionales, principalmente europeos, con un renovado vigor y celo, invadiendo ciudades palestinas para detenerlos. Otros fueron rechazados en las fronteras o encerrados en el nuevo centro de detención construido a tal efecto en el aeropuerto de Tel Aviv.
En una carta abierta de enero de 2010, un grupo de trece organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos exhortó al gobierno a “denunciar los crecientes ataques contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del cambio social en Israel”, mencionando “una serie de comentarios injuriosos de representantes oficiales que desean deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil”. Entre estas invectivas, los dichos de Yaalon que denunciaban a “nuestros enemigos del interior”. Según esta lógica, las ONG internacionales serían, en cambio, “enemigos del exterior” (10).
Este clima permite comprender la envergadura de la operación ordenada contra la flotilla; recordemos que varios barcos de ayuda humanitaria fueron autorizados en el pasado a atracar en Gaza. Y también por qué la reacción de los soldados fue tan desproporcionada, aun cuando algunos pasajeros del barco se resistieran violentamente a la inspección.
Si Israel se empecina en querer reescribir el derecho humanitario y reglamentar la provisión de ayuda en la región, y si organizaciones internacionales responden con mayores desafíos legales y otras con el reiterado envío de barcos, el incidente del Mavi Mármara quedará en la memoria como el primer disparo de esta nueva batalla contra el derecho humanitario internacional.
1 “Seizure of the Gaza flotilla: Press conference with Dep FM Ayalon”, 31-5-10 (www.mfa.gov.il).
2 B’tselem, “Operation Cast Lead, 27 December 2008 to 18 January 2009”; léase también Breaking the Silence (Shovrin Shtika), “Soldiers Testimonies from Operation Cast Lead, Gaza 2009”, 15-7-09.
3 Herb Keinon, “Diplomacy: Israel vs. Human Rights Watch”, The Jerusalem Post, 16-7-09 (actualizado el 18-7-09).
4 “Ya’alon calls Peace Now ‘a virus”, Ynetnews, 19-8-09; Attila Somfalvi, “Netanyahu: Ya’alon remarks unacceptable”, Ynetnews, 19-8-09.
5 Alastair MacDonald, “After Goldstone, Israel seeks to sharpen PR weapon”, Reuters, 2-2-10.
6 “PM Netanyahu addresses the Saban Forum”, 15-11-09.
7 Gidi Grinstein, “Israel delegitimizers threaten its existence”, Haaretz, 14-1-10.
9 New Israel Fund, “NIF Under Attack” (www.nif.org/media-center/nif-under-attack.html).
10 Association for Civil Rights in Israel, “Targeting of Human Rights Organizations Destroys Israeli Democracy”.
*Respectivamente: Profesor asociado de literatura comparada y Director del Human Rights Project en la Universidad de Bard (Nueva York); Director del Centro de Investigación Arquitectónica, Instituto Goldsmiths, Universidad de Londres.
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